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Pidieron investigar contaminación del lago Ypacaraí

Hasta el día de ayer no había iniciado una investigación de la contaminación de humedales del lago Ypacaraí con desechos químicos arrojados por la firma Regimiento 8, de Fernando Ayala, jefe de campaña del presidenciable por HC, Santiago Peña. Se trata de fosfato mezclado con otras sustancias que favorecen el crecimiento de algas tóxicas, afirmó un especialista.

En torno a este tema, la Unidad de Delitos Ambientales del Ministerio Público no inició una investigación de oficio de la contaminación de humedales del lago Ypacaraí con 52 toneladas de fosfato de amonio (mezclado con otras sustancias) desechado de extintores. El caso involucra a la empresa de extintores Regimiento 8, propiedad de Fernando Ayala, jefe de campaña del presidenciable por Honor Colorado, Santiago Peña.

En términos legales, el articulo 58 de la Ley 352/94 establece claramente que “las violaciones a lo dispuesto por esta ley serán consideradas como atentatorias contra un bien social y tendrán carácter de delito de acción penal pública”. La normativa obliga a la fiscalía a actuar de oficio en estos casos.

La mencionada denuncia fue realizada por la organización Basura Cero de esta ciudad ante la Secretaría del Ambiente (Seam). Esta institución inició un sumario “para determinar el nivel de incumplimiento de las normas ambientales”

La propiedad perteneciente a Ayala se encuentra dentro de la Reserva de Recursos Manejados Lago Ypacaraí, creada por la Ley 5256/2014. En ese sentido, la Ley 352/94, en su artículo 12, especifica que todo proyecto de obra pública o privada que afecte a un área silvestre protegida o a su zona de amortiguamiento, debe contar obligatoriamente con un estudio de evaluación de impacto ambiental, previo a la ejecución del proyecto, y debe acatar las recomendaciones emanadas y la aprobación de la autoridad de aplicación de la presente ley, que en este caso es la Seam.

Ayala admitió que no cuenta con un estudio de impacto ambiental ni autorización de la Seam ni la municipalidad local para la disposición de los desechos en su propiedad, ubicada dentro del área protegida.

Asimismo, Ayala ocupó el cargo de tesorero de la ANR hasta abril del año pasado y su gestión tuvo cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) por un faltante de G. 8.204 millones del subsidio estatal para los partidos políticos.

 

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