Asunción.- Para Paraguay, la posible condena al Estado por parte de la CIDH es una “barbaridad jurídica”. Con estas declaraciones ha quedado la puerta abierta a que podrían no acatar la sentencia del organismo.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos políticos interpusieron una demanda a nuestro país alegando torturas hacia ellos en el año 2002. Actualmente, estos dos líderes se encuentran asilados en Brasil.
Juan Arrom y Anuncio Martí son los nombres de estos dos sujetos que forman parte del movimiento Patria Libre.
Bernardino Saguier, vicecanciller paraguayo, se pronunció esta semana ante la posible condena hacia el Estado. El funcionario dijo a EFE que nuestro país “está estudiando muy seriamente la situación”.
De condenar a Paraguay, Saguier explicó que la CIDH presentaría “dos delincuentes como inocentes”. Asimismo, resaltó que estarían obligando al Estado a indemnizarles por acontecimientos falsos. Para él, todo quedó “demostrado en el juicio celebrado en Paraguay”.
Aunque se prevé que no acatarán la sentencia, él no confirmó la postura que tomará el país. “En su momento se conocerá la decisión”, agregó.
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Más declaraciones
Luis Alberto Castiglioni, canciller paraguayo, es otro de los miembros del gabinete de Marito que se pronunció. En Twitrer, el ministro habló del “parcialismo” hacia Arrom y Martí, a quienes se refirió como “criminales secuestradores”.
Por otra parte, indicó que eran “prófugos de la justicia que pretenden apropiarse del dinero de todos los paraguayos”.
En Paraguay, la Justicia procesó a Arrom y Martí por estar implicados en el secuestro de una mujer. La víctima en ese momento fue María Edith Bordón de Bernardi, esposa del exministro Enzo Debernardi. Lo que pedían para liberarla era un millón de dólares.
Al ser interrogados, los dirigentes políticos expresaron que los habían obligado a declararse culpables. No obstante, antes del juicio desaparecieron y los liberaron con señales de tortura. Fue entonces cuando pidieron asilo en Brasil, estatus que se lo otorgaron para el año 2003.
Por esos supuestos hechos en su contra, Arrom y Martí pidieron la suma de 63 millones de dólares.
El caso fue llevado ante la CIDH el año pasado por supuestamente presentarse una violación de derechos por parte de Paraguay. El organismo se basó en decir que nuestra nación incurrió en el “principio de presunción de inocencia de las víctimas”.
