Asunción.- Informe elaborado por Panambí, una asociación enfocada en proteger los derechos de travestis, transexuales y transgénero, reveló que en 2017 se presentaron 46 denuncias por violencia a transexuales.
El 52% de las personas que denunciaron ni siquiera habían completado los estudios primarios. Por este motivo se dificulta el conocimiento de las leyes que protegen y amparan a los transexuales.
Panambí es una organización sin fines de lucro que busca la promoción y defensa de los derechos de las personas trans.
También destacaron que 40% corresponden a amenazas, algunas por discriminación por estado serológico. Incluso otras contienen violencia verbal y discriminación en servicios de salud, según los datos proporcionados.
Declaraciones oficiales
Existen muchos más casos de los recogidos en el documento ya que «las compañeras, muchas veces por temor, no hacen la denuncia». Las declaraciones fueron dadas por la encargada del Centro de Denuncias de la Asociación Panambí, Mariana Sepúlveda.
Sepúlveda hizo énfasis de manera particular en la discriminación que padece el colectivo transexual en el acceso a servicios sanitarios. A través de Panambí, expresó que no se cumple con la normativa de trato.
“Van con una apariencia femenina y en el momento en el que las llaman por el nombre civil es indignante levantarse y entrar. Muchas veces, por esas situaciones, llegamos a última hora al servicio de salud”, lamentó.
Las situaciones de violencia suelen darse en el ámbito laboral. Un 86% de las víctimas se dedican al trabajo sexual, por lo que suelen estar en la calle. De esta manera, quedan expuestas totalmente a los agresores.
“El documento pretende ser una herramienta a disposición del Estado”, expresó Maximiliano Mendieta, investigador del informe. La razón por la que quieren entregar los datos obtenidos al Gobierno es para que evalúen “los hechos de discriminación”.
Mendieta agregó que el colectivo transexual padece «una discriminación directa por parte de los tres poderes del Estado». Señaló que existe también una «discriminación estructural». Eso ocurre por parte de las élites económicas que establecen «los valores, los principios”. También porque aplican “la moral o la doble moral en todos los ámbitos del país».
La asociación Panambí reforzó en julio de este año su atención a las denuncias para documentar los casos. Pretenden fortalecer las acciones legales y ofrecer asesoría jurídica a las víctimas.
