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Hasta el miércoles Cartes podrá elegir fiscal

Basándose en todos los plazos procesales para la elección del nuevo fiscal general del Estado, el presidente de la República, Horacio Cartes, tiene tiempo hasta este miércoles al mediodía para elegir a uno de los tres ternados por el Consejo de la Magistratura, el actual fiscal general Javier Díaz Verón, y las fiscalas Sandra Quiñónez y María Victoria Acuña.

El vocero principal recibió directamente de manos del Consejo la terna de candidatos a ocupar la titularidad del Ministerio Público el pasado 28 de agosto, y hasta la fecha, aún no ha tomado una decisión al respecto y algunos especulan que no estaría conforme o no habría acuerdo político aún, considerando que la Cámara de Senadores debe prestar su acuerdo.

Diversas opiniones señalaron que el designado podría ser Díaz Verón, considerando que ya lleva adelante la institución y ha mantenido una buena relación con Cartes durante su mandato, además de sus propios vínculos políticos familiares que lo unen con el Nuevo Rumbo, ya que su hermano, el intendente colorado de Caaguazú, Pedro Díaz Verón, fue uno de los principales promotores del rekutu en la campaña por la enmienda.

No obstante, los demás fiscales también tienen su peso profesional y político, ya que Quiñónez es hermana de la ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, María Soledad Quiñónez.

Por su parte, Acuña es cercana al actual ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Juan Carlos Baruja, además de haber tenido a su cargo varios casos que involucraron a políticos, como al senador Enzo Cardozo (quien apoyó la enmienda para Cartes), donde se cuestiona que lo haya excluido de una evasión de G. 35.000 millones en el MAG.

A partir del vencimiento de la disposición de Díaz Verón, quien fue elegido en el año 2011 por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, el Consejo de la Magistratura inició el 13 de febrero de este año el proceso de llamado a convocatoria, donde se presentaron más de 100 candidatos.

Todos los candidatos presentaron sus documentaciones respectivas y luego expusieron sus propuestas en audiencia pública, donde también contestaron a denuncias presentadas en su contra.

Luego, el Congreso contrató a la empresa Jobs Servicios de Recursos Humanos SRL por un monto de G. 61.800.000 (IVA incluido) para realizar un test de competencia e integridad a los candidatos.

Por último, la terna resultó oficializada, pero cuestionada inmediatamente por diferentes sectores respecto a los criterios utilizados y el secretismo de los mismos al interior del Consejo.

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