En algunos momentos en los que los abogados del padre del joven asesinado Rodrigo Quintana pedían en que se averigüen cruces de llamadas, la agente se comunicaba con el operador político y funcionario de la EBY.
En ese momento, nadie entendía los motivos por los cuales la fiscala María Raquel Fernández se negaba tenazmente a investigar los cruces de llamadas de la fatal noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, donde funcionarios policiales atacaron la sede del PLRA que dejó como saldo el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana.
No obstante, luego de la ola de cruce de llamadas que se dieron a conocer, se descubrió que Fernández llamó en octubre pasado a Luis Canillas, asesor de Yacyretá y uno de los que se comunicaron con el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, esa trágica noche.
La mencionada conversación se realizó en dos ocasiones en un mismo día y una semana después volvieron a charlar, justo en momentos en que los padres del joven asesinado rogaban a la fiscalía que investigue el cruce de llamadas que involucraba a Canillas, el gerente de la empresa de tabacos del presidente Horacio Cartes, José Ortiz, Arnaldo Franco, Lilian Samaniego, así como senadores y diputados.
Caso ante el Ministerio Público
Dentro del Ministerio Público, luego del arrojo a través de la resolución Nº 189 de inicio de octubre, la fiscala Fernández rechazó la solicitud presentada tres veces por el PLRA, como demandante en la causa por el homicidio doloso de Quintana, donde pedían que se indaguen a las operadoras telefónicas. Todas estas personas aparecieron en los registros de llamadas del entonces comandante Sotelo.
El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal decidió admitir recurso de apelación y ordenó a la fiscala Fernández que investigue el cruce de llamadas.
Sin embargo, de cara a la visible relación entre la agente del Ministerio Público y Canillas, en medio de la oleada de denuncias por tráfico de influencia, los padres del joven liberal recusaron a Fernández y se aguarda que la aparten del caso.
En este caso, otro de los inculpados es el ex subjefe de Investigación de Delitos de la Policía, comisario Tomás Ramón Paredes Palma, procesado por el delito de inducción a un subordinado a un hecho punible (en este caso, de homicidio doloso), ya que supuestamente había dispuesto al suboficial Guido Armando Amarilla que disparara contra unas personas que se refugiaron dentro del baño de la sede partidaria.