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Escondieron a Ibañez en actos

Con muy poco ruido mediático y sin aparecer en los actos importantes, el diputado José María Ibáñez (ANR, disidente) busca el rekutu en la lista que lidera su colega Ariel Oviedo por el departamento Central. El legislador colorado tiene su proceso “congelado” en la Corte Suprema por el sonado caso de los “caseros”.

Dentro del departamento Central el movimiento Colorado Añetete, que lidera el presidenciable disidente Mario Abdo Benítez, tiene cuatro listas. Una de ellas la lidera el diputado Ariel Oviedo, y detrás de él se ubicó el imputado José María Ibáñez. También está la lista liderada por el excandidato a intendente de San Lorenzo, Brígido Núñez, y le sigue en su lista el actual diputado Atilio Penayo. También está la lista liderada por la abogada Jazmín Narváez para la Cámara Baja.

Por su lado, el diputado colorado disidente Ibáñez busca el rekutu pero hace una campaña con perfil bajo. No aparece en los actos donde está presente el presidenciable Abdo Benítez. De acuerdo a fuentes de la disidencia, hay una orden expresa de que el imputado Ibáñez no aparezca en los mitines.

No obstante, en las redes sociales se observa al cuestionado legislador compartiendo actividades como el karú guasu que se llevó a cabo ayer en el barrio Santo Domingo de Limpio. La actividad fue presidida por el diputado Ariel Oviedo, quien lidera la lista para la Cámara Baja por Central.

Entre tanto, el diputado por Colorado Añetete José María Ibáñez tiene “congelado” su proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. El caso es conocido como el de los caseros. El legislador pagaba con dinero de Diputados el salario a los cuidadores de su casa de Areguá.

La Fiscalía Anticorrupción concluyó en su momento que Ibáñez convirtió en planilleros de la Cámara Baja a tres de sus caseros. Además cobró cheques de los mismos.

Los fiscales Liliana Alcaraz, Victoria Acuña y José dos Santos acusaron al legislador por los delitos de estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios ante el juez Miguel Tadeo Fernández. Los representantes del Ministerio Público pidieron juicio oral y público.

Según con la acusación fiscal, el perjuicio al Estado es de G. 30 millones. La expectativa de pena es de hasta cinco años de cárcel, pero la ley permite que el acusado pueda evitar el juicio mediante la suspensión del procedimiento. Para ello tiene que admitir el hecho, reparar el daño y hacer donaciones.

 

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