Hace un año y un poco más que el diputado colorado Carlos Núñez Salinas evita la realización de la audiencia preliminar, en la que el juez Humberto Otazú tiene que resolver si afronta o no juicio oral por contrabando.
El pasado 20 de junio del 2017, la suspensión fue por viaje del abogado defensor Roberto Hirsch; el 14 de julio debido a problemas de salud de Núñez; el 11 de agosto por reposo; y el 31 de agosto, por recusación al juez; después fue por la intervención de un nuevo abogado defensor y posteriormente contrató como abogado a un letrado amigo del juez Otazú, quien rechazó la intervención.
A pesar de todos los incidentes de demora, el magistrado de la causa no aplicó ninguna sanción a Núñez. La ley y la acordada antichicanas de la Corte obligan a los jueces a castigar a los litigantes de mala fe, como en este caso.
Por otra parte, tampoco el fiscal de la causa, Martín Cabrera, solicitó la aplicación de sanción al legislador colorado, que en todo el proceso evidenció su mala fe.
Los antecedentes en torno a este caso revelaron que el 27 de febrero del 2015, Núñez Salinas fue beneficiado con el sobreseimiento provisional, pero un año después el fiscal Cabrera pidió la reapertura del caso.
Luego de la presentación de la acusación, el 20 de abril del año pasado se realizó una audiencia preliminar durante la cual la defensa planteó suspensión condicional del procedimiento. Este planteamiento contó con la anuencia de la fiscalía, pero el juez Otazú remitió el caso a la Fiscalía General. El 17 de mayo pasado, el fiscal adjunto Federico Espinoza acusó y pidió juicio oral.
Se conoció que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por el diputado, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que pagó US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028.
Hasta el momento se desconoce lo que ocurrirá con la audiencia, el involucrado principal señaló que no se realizará hasta tanto no se tengan todas las evidencias lo más claras posibles para así evitar futuras repercusiones.
