Todos los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tienen desde hace ocho meses en su poder el caso que investiga las firmas falsas de las planillas presentadas el 13 de enero de este año, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en el marco de la campaña por la enmienda para la reelección presidencial.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, señaló que la máxima instancia judicial traba la continuidad de las diligencias investigativas, debido a que no resuelve la impugnación a uno de los fiscales que investiga la causa.
Desde algunos medios de comunicación se intentó tener la versión oficial de la Corte, pero la respuesta fue que se iban a interiorizar del tema y que hoy en el transcurso de la mañana darían su versión.
Entre tanto, la ministra Alicia Pucheta solicitó en febrero pasado la carpeta original para resolver la recusación contra el fiscal Fabián Centurión Ortiz, quien había sido designado junto con el fiscal Ángel Ramírez Fleitas para investigar el caso.
Del mismo modo, deberán examinar todo el caso los ministros Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera.
El pasado 10 de febrero, se informó a la opinión pública que Díaz Verón rechazó la recusación contra el fiscal Centurión, por lo que los operadores cartistas impugnaron la resolución del fiscal general ante la Corte.
El actualmente cuestionado político colorado Roberto Cárdenas, ex intendente municipal de Lambaré, investigado por la Fiscalía como uno de los dirigentes encargados de recepcionar 31 planillas en la seccional 350 de Lambaré, fue el que recusó al representante fiscal, alegando que es esposo de Carol Noemí Flores, quien trabaja con el equipo político del senador Óscar Cachito Salomón, del movimiento disidente Colorado Añetete.
Díaz Verón señaló en una entrevista con algunos medios de comunicación que la motivación política para establecer una imputación de una persona no es el parámetro del Ministerio Público. Tiene que haber elementos de convicción para determinar el delito. Esto, teniendo en cuenta que podría ser investigado el propio presidente de la República, Horacio Cartes, así como también la senadora Lilian Samaniego, el diputado Pedro Alliana, el vicepresidente Juan Afara, entre otros, quienes presentaron las planillas con las firmas en la Justicia Electoral.
