Asunción.- Luis Castiglioni, canciller paraguayo, emitió un comunicado por parte de la presidencia para confirmar que nuestro país no pagará indemnizaciones a los que estén acusados por secuestro.
Las declaraciones del funcionario tienen que ver con el juicio que tendrá Paraguay en la Corte IDH, este 7 de febrero.
Castiglioni indicó que han comenzado a tener conclusiones relacionadas con la “defensa de los intereses del Paraguay” para hacer justicia. “El Paraguay no está dispuesto a aceptar, de ninguna manera, que personas que huyeron para no enfrentar sus responsabilidades por un secuestro extorsivo, ahora intenten quedarse con el dinero de los paraguayos”, comentó.
Demanda millonaria
Nuestro país tiene pautada la audiencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos después de que la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuese elevada a este organismo. El motivo está relacionado con desaparición de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes están refugiados en Brasil.
Ambos sujetos son conocidos por formar parte del movimiento político Patria Libre. En el 2002 los detuvieron e interrogaron por sus actividades políticas. Arrom y Martí alegaron presión para declararse culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
En aquel momento, la joven fue secuestrada y pedían una alta suma de dinero para liberarla.
Arrom, Martí y Victor Colmán los procesaron por secuestro y extorsión en Paraguay. En nuestro país son considerados prófugos de la justicia, y en Brasil están como refugiados. Los dos han manifestado ser víctimas de torturas y persecución política en su país natal. Por ese motivo es que están pidiendo una indemnización y han llevado el caso ante la Corte IDH.
Este año, Mario Abdo Benítez pidió el cese del estatus de refugiados a los tres involucrados en el secuestro. Después de introducir la solicitud, el canciller explicó que podrían recibir respuesta en unas semanas.
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Declaraciones de los abogados de Arrom y Martí
Rubén Lisboa, abogado de Arrom y Martí, se pronunció ante los medios por la supuesta extradición de sus clientes. Para él es “imposible” que ellos regresen a Paraguay por las normativas que rigen en Brasil.
“Estuve mirando que el vicecanciller se fue a pedir levantamiento del refugio político que tienen Arrom y Martí”, comenzó a decir. “Hay una ley en Brasil, la 9474/97, que promulgó el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que consta de 39 artículos, y en el artículo 36 explica claramente cuáles son los motivos para que la Conare pueda revocar el refugio político”, agregó.
Entre esos dos motivos, uno es porque atente contra la seguridad nacional o el orden público en Brasil, explicó Lisboa.
Después, le preguntaron sobre las pruebas nuevas que tiene el Gobierno paraguayo sobre el caso contra sus clientes. El abogado precisó que de revocar el refugio, los refugiados nunca pueden remitirse «al país donde sufrieron la persecución».