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Abogados intentan obtener datos ocultos

Mediante un método de amparo, los abogados Romy Fischer Schenk, Ezequiel Santagada y Marta Ferrara buscan tener acceso a información pública negada por el Consejo de la Magistratura, respecto a la selección del próximo fiscal general del Estado.

Ante la negativa del Consejo de proveer toda la información sobre el proceso de selección de candidatos a fiscal general del Estado, requerida a través del Portal Unificado de Acceso a la Información, los abogados Romy Fischer, Ezequiel Santagada y Marta Ferrara presentaron un amparo contra el Consejo de la Magistratura.

La petición está basada en el artículo 28 de la Constitución Nacional (del derecho a informarse), en la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Los recurrentes invocan, además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

“Todos realizamos un pedido de información el pasado 28, cumplido el plazo, nos respondieron y nosotros consideramos que no se ajusta a lo establecido por la ley, porque como se argumenta en el escrito, no existe ninguna ley de la República que en forma expresa califique la información que solicitamos como secreto reservado en todos sus aspectos. Esta es la respuesta que nos dieron y que consideramos que menoscaba en forma manifiesta e ilegítima nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional”, explicó Ferrara.

El citado artículo dice textualmente: “Del derecho a informarse. Se registró el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Los principios públicos de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo (…)”.

El recurso, que está radicado con el patrocinio de los abogados María Jesús Bogado de Schubeius, María Victoria Rivas, Iván Rodrigo Medina González y Juan Pablo Fernández Bogado, fue derivado al juzgado en lo civil y comercial a cargo de la jueza Karen González.

Todos los amparistas solicitaron que se ordene al Consejo entregarles o publicar en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública todos los datos requeridos.

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